Entiendo la indignación que hechos como lo sucedido en Coanil provoquen en las personas que abogamos por el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, con mucha tristeza me he dado cuenta de que es bastante sencillo sentarse a ver las noticias y criticar el accionar de los funcionarios de este servicio -que, contrariamente a lo que muchos creen, no es público- cuando están haciendo un procedimiento de contención. De hecho, hasta parece ser cool cuando nos sumamos a la ola de críticas que inundan las redes sociales.
Pero ¿qué sabemos, realmente, sobre la realidad de esos centros?
¿No es por lo menos justo detenernos a imaginar cuál es la verdadera situación en la que se encuentran esos niños? ¿En algún momento alguno de los que rasgan vestiduras ha estado presente cuando uno de estos jóvenes tiene un ataque sicótico, esquizofrénico o de delirio? ¿Alguno sabe cómo se ponen y el profundo daño que se pueden autoinfligir? (O causar a los demás). ¿Alguien ha pensado que, en situaciones extremas, estos procedimientos -que, a la luz de una información parcial y descontextualizada, parecen verdaderas torturas- son una respuesta enérgica pero efectiva?
No he tenido la oportunidad de trabajar en un centro de Coanil, pero conozco muy de cerca a varias personas -cercanas, queridas y todas profesionales- que han quedado impactadas cuando han tenido que enfrentarse a situaciones tan extremas, cuando los adolescentes tienen que ser contenidos por indicación médica -sí, amarrados- antes de que, por ejemplo, comiencen a cortarse el cuerpo y la cara con vidrios, cuchillos, materiales de construcción o revestimientos tan aparentemente inocuos como maderas, pedazos de concreto o apliqués de lámparas.
Entonces, ojo con ser tan taxativos. Ojo con crucificar los procedimientos y a los implicados. Ojo con pontificar sobre respeto de los derechos humanos cuando, por otro lado, se criticaría el hecho de que ninguno de los profesionales que allí trabajan acudiera en ayuda de alguien que perfectamente podría suicidarse o asesinar. Porque, aunque parezca mentira, no estamos hablando de amenazas ni agresiones leves. No estamos hablando de simples pataletas de personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando de severos trastornos, de descompensaciones impredecibles e irracionales, generalmente descontroladas y con una fuerza inusitada.
No es que aliente los procedimientos en sí mismos, ni mucho menos cualquier muestra de tortura -incluso la que no es tan evidente, la que no vemos pero sabemos que existe-. Mi punto es otro. Mi punto es: hay que entender que son situaciones aisladas, y no es justo hablar de que "se tortura". Tomemos un poco de distancia y veamos los hechos en su justo contexto. No lancemos una o mil piedras sin antes ser capaces de quitarnos el velo que no nos permite ver que en estas fundaciones las realidades son extremas y, muchas veces, fuera de un contexto "normal" (porque, claro, ¿qué persona "normal" en su casa amarraría a un joven "normal" frente a un "normal" arranque de ira?).
Por eso, creo que más que enfocarnos en la "tortura", el debate debería estar centrado en qué hace la sociedad -¡y las propias familias!- con personas, niños, jóvenes y adultos, con discapacidad intelectual o con enfermedades mentales. ¿Y qué es lo que hacen? Se desentienden de ellos. Los alejan poco a poco, hasta que llega un punto en que o son mendigos o entran a estos centros educacionales y de rehabilitación, donde, quiéranlo o no, tienen un pasar un poco más seguro, tranquilo y digno.
Seamos un poquito más justos y más críticos y endilguemos las responsabilidades a quienes corresponde: a las fundaciones, sí... pero también -y sobre todo- al Estado, como entidad garante de los derechos de los desposeídos y los abandonados, y a las propias familias que, irresponsablemente, ven en Coanil una salida fácil a su "problema".
