martes, 16 de febrero de 2016

¿Tanto escándalo por 50 (miserables) UF?


El fallecimiento de un ser querido no solamente conlleva un dolor en el alma, sino que también tiene una arista práctica que muchos familiares o amigos eluden. No es mi caso: yo me he hecho responsable de gran parte de los trámites que, aunque dolorosos, son necesarios para cumplir con la ley y 'cerrar el círculo' tras la partida de mi tía María Lidia. Sólo así podré dar paso a un duelo tranquilo y definitivo.

Una de estas obligaciones, que demanda coraje y sangre fría, es reclamar sus seguros de vida. Yo no soy el heredero legal, pero asumí la responsabilidad de contactarme con las instituciones para declarar "el siniestro", como se llama técnicamente, y requerir información sobre cómo proceder. Es una tarea dolorosa, pero justa y necesaria.

Entre todas, aplaudo la gestión de la Mutual de Seguros de Chile: con ellos no hubo inconvenientes, pues fueron diligentes al entregarme todo tipo de información completa y actualizada con el fin de orientarme. Además, los procedimientos se ajustaron a los tiempos y, a la fecha, ya se hizo efectivo el pago a los herederos legales: mi padre y mi tío.

El problema se ha suscitado con dos empresas que, olímpicamente, se han desligado de responsabilidades, no han entregado información certera y que, en resumen, han puesto todos los obstáculos para hacer efectivo el seguro. Se trata de Ripley Seguros (la cara visible) y Seguros BNP Paribas Cardif (la aseguradora).

Llevo meses tratando de gestionar la denuncia del siniestro y me he encontrado con un problema tras otro: "que falta un documento", "que el formulario...", "que no está la copia del contrato...", "que han pasado muchos años...", etc. Ha sido tedioso e indignante sentirse mendigando un poco de atención para hacer efectivo un producto, un servicio, un derecho por el cual mi tía estuvo pagando durante más de 10 años.

Cada día, Seguros Ripley y BNP Paribas Cardif exigen más 'medios para comprobar' la contratación del seguro, sus características y sus beneficiarios. Así, en todo este tiempo se han encargado de dilatar un proceso que, se supone, debería ser expedito. En buen chileno, se están cagando por una suma irrisoria de dinero (50 UF) que no vale la vida de nadie.

Debido a las trabas constantes y a la nula preocupación de estas empresas, pensé en desertar. Pero hoy, con más ahínco que nunca, no voy a claudicar en exigir lo que corresponde; no dejaré que la aseguradora se quede ni con un peso de una plata que les es ajena. No es (ni nunca ha sido) una lucha económica, sino que una lucha por la dignidad de las personas.

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